Google ha acordado pagar 9,5 millones de dólares para resolver una demanda interpuesta por el fiscal general de Washington DC, Karl Racine, que acusó a la empresa a principios de año de «engañar a los usuarios e invadir su privacidad». Google también ha acordado cambiar algunas de sus prácticas, principalmente en lo relativo a la forma en que informa a los usuarios sobre la recogida, almacenamiento y uso de sus datos de localización.
«Google hace creer a los consumidores que éstos controlan si Google recopila y conserva información sobre su ubicación y cómo se utiliza dicha información», rezaba la denuncia, que Racine presentó en enero. «En realidad, los consumidores que utilizan productos de Google no pueden impedir que Google recopile, almacene y se beneficie de su ubicación».
La oficina de Racine también acusó a Google de emplear «patrones oscuros», que son elecciones de diseño destinadas a engañar a los usuarios para que lleven a cabo acciones que no les benefician. En concreto, la fiscalía alegó que Google pedía repetidamente a los usuarios que activaran el seguimiento de la ubicación en determinadas aplicaciones y les informaba de que ciertas funciones no funcionarían correctamente si el seguimiento de la ubicación no estaba activado. Racine y su equipo descubrieron que los datos de localización ni siquiera eran necesarios para la aplicación en cuestión. Afirmaron que Google hacía «imposible que los usuarios optaran por que no se rastreara su ubicación».
El pago de 9,5 millones de dólares es insignificante para Google. El trimestre pasado, la empresa matriz Alphabet tardó menos de 20 minutos en obtener esa cantidad en ingresos. Los cambios que la empresa introducirá en sus prácticas como parte del acuerdo pueden tener un mayor impacto.
Los usuarios que actualmente tengan activados determinados ajustes de localización recibirán notificaciones en las que se les indicará cómo pueden desactivar cada ajuste, eliminar los datos asociados y limitar el tiempo que Google puede conservar esa información. A los usuarios que creen una nueva cuenta de Google se les informará de qué ajustes de localización están activados por defecto y se les ofrecerá la posibilidad de desactivarlos.
Google deberá mantener una página web en la que se detallen sus prácticas y políticas en materia de datos de localización. Esto incluirá formas para que los usuarios accedan a sus ajustes de localización y detalles sobre cómo cada ajuste afecta a la recopilación, retención o uso de datos de localización por parte de Google.
Además, Google no podrá compartir los datos precisos de localización de una persona con terceros anunciantes sin el consentimiento explícito del usuario. La empresa tendrá que eliminar los datos de localización «que procedan de un dispositivo o de una dirección IP en la actividad web y de aplicaciones en un plazo de 30 días» desde la obtención de la información
«Dado el enorme nivel de seguimiento y vigilancia que las empresas tecnológicas pueden incorporar a sus productos de uso generalizado, es justo que los consumidores estén informados de la importancia de los datos de los usuarios, incluida la información sobre todos sus movimientos, que estas empresas recopilan, rastrean y utilizan», dijo Racine en un comunicado. «Es significativo que esta resolución también ofrece a los usuarios la posibilidad y la elección de optar por no ser rastreados, así como restringir la forma en que la información del usuario puede ser compartida con terceros.»
